| II Seminario Energía y Pobreza | |||
| Panel de Debate I - El papel de los Gobiernos y de los Órganos de Regulación en la electrificación de zonas rurales aisladas. | |||
Presentaciones |
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Presentación adicional |
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Introducción |
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| Está admitido que el acceso a las formas comerciales de la energía y en particular a la energía eléctrica es obligado para disfrutar de los derechos fundamentales de los seres humanos, reconocidos universalmente en distintos tratados y convenciones. ¿Se niegan estos derechos si no se actúa adecuadamente para facilitar la electrificación de los núcleos de población aislados? Por otra parte, el problema de la electrificación rural o de los núcleos aislados se encuentra en la confluencia de dos tipos de políticas: la de desarrollo económico y social y la energética. El Estado, a través de su Gobierno, es responsable de impulsar las actuaciones en estas dos áreas mediante diversas funciones propias como la planificación, la creación de los marcos institucionales necesarios, la actividad legisladora, la provisión de incentivos, ayudas y subvenciones financieras, etc. La revisión de la legislación eléctrica en algunos de los países del istmo contempla – principalmente en forma declarativa – la necesidad de fomentar el acceso a la electricidad de todos los ciudadanos o al menos de fomentar la extensión de las redes a los núcleos rurales. Desde esta perspectiva es potestad del Estado la puesta en marcha de los programas correspondientes. Es el Gobierno quien prioriza estas necesidades y decide cuándo y cómo acometer los planes de electrificación. Sobre la base legal discutida en el primer párrafo, ¿se debe dar prioridad al suministro de energía eléctrica a los más pobres por encima de otro tipo de políticas de electrificación? ¿Puede la función reguladora de la industria eléctrica contribuir a priorizar el suministro a los pobres? ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de la legislación eléctrica de quien no está conectado a la red? ¿Quién se encarga de los derechos de quien no está conectado a la red? Unido a lo anterior está la universalización del principio de no admitir recargos en las tarifas lo que en la práctica deja sólo al Estado para proveer recursos financieros con los que apoyar y promover los planes de electrificación rural. En general, en la legislación existente no se explicitan las posibilidades de subvención de consumos o tarifas sociales. ¿Qué tipo de recursos destinan los Presupuestos de los Estados a la electrificación de zonas aisladas? ¿Es adecuado este marco institucional – los recursos suelen ser asignados por los Ministerios de Economía – con las competencias y funciones de los responsables energéticos y los organismos reguladores? |
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Cuestiones específicas a debatir |
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¿Es preciso modificar la base legal para impulsar la electrificación de poblaciones aisladas? | |
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¿Cómo contempla la política económica las necesidades de la electrificación rural? | |
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¿Cuál es la prioridad de la electrificación de núcleos aislados en el conjunto de políticas de desarrollo?
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¿Está integrada la planificación de la electrificación rural en la planificación energética del país?
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La liberalización de los sectores eléctricos minimiza el peso de la planificación central. El mercado señala las necesidades futuras de equipamiento que son cubiertas por los agentes económicos en función de sus expectativas de rentabilidad. En algunos casos se reconoce un cierto papel a la planificación indicativa – no vinculante. ¿Cómo afecta esta nueva dirección a la consideración de las necesidades de acceso universal a la energía? | |
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¿Es extrapolable la definición de usuario a quien no tiene acceso pero desea tenerlo? | |
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¿Es legítimo exigir su llegada a las redes concesionadas con cargo a sus propios recursos a los más pobres? |
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¿Pueden subsidiar los usuarios el acceso a la electricidad de las poblaciones sin suministro? |
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¿Hasta qué punto la especificidad de los problemas de electrificar los núcleos aislados desborda el marco institucional de organización y regulación de la industria eléctrica? | |
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En los casos en que el Regulador de la industria eléctrica tiene asignadas competencias en desarrollar la electrificación rural ¿cuáles son los factores limitativos a su labor? |
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